Desde tiempo atrás son muchas las problemáticas que aquejan a los estudiantes de las universidades públicas de Colombia; la falta de libros de reserva en biblioteca, de espacios de estudio, el hacinamiento en las aulas de clase a causa de la política de ampliación de cobertura que no ha sido correspondida con un incremento de la planta física ni del presupuesto de las universidades, el incremento de los profesores contratistas, las largas filas en cafetería en el caso de Univalle, entre muchas otras.
Debe ser claro para todos los estudiantes que estas problemáticas son consecuencias de la política educativa aplicada en el país desde 1993 y que hoy el Gobierno de Juan Manuel Santos pretende hacer más profunda con la propuesta de reforma a la Ley 30 de Educación Superior. Propuesta que busca “resolver” el problema de financiación de las universidades del país entregándolas al capital privado, convirtiéndolas en entidades con ánimo de lucro, propuesta que no resuelve el problema estructural de la universidad sino que por el contrario lo agudiza.
La Ministra de educación, los empleados del Ministerio, y en general el Gobierno Nacional no han comprendido o han hecho oído sordos a los argumentos ampliamente expuestos por profesores, estudiantes y trabajadores en todo el país de cuan lesiva es esta reforma para la Educación Superior, por el contrario se han mantenido en el discurso de las “bondades” de la misma y han dejado de lado a la comunidad universitaria, es por ello que como Organización Colombiana de Estudiantes hacemos un llamado a la resistencia unificada y civilista a esta nueva Ley fortaleciendo la organización gremial de los estudiantes.
Esta organización gremial de los estudiantes debe ser por semestre, por programa, por facultades, a través de Consejos Estudiantiles creándolos donde no existan y dándole funcionalidad a los que ya existen, para contar con una herramienta que nos permita recoger el sentir de todos los estudiantes de la universidad, sus ideas y propuestas, para poder consolidar una fuerza y una capacidad de movilización tan grandes que no permitan que este proyecto educativo y de país del gobierno Santos continúe.
Lamentablemente, la historia de Colombia ha mostrado que las políticas sociales, económicas y educativas que se aplican no son pensadas por los colombianos, para los colombianos; sino por los extranjeros para el lucro de sus empresas. La Reforma a la ley 30 nos ha permitido identificar que es lo que NO queremos: no queremos una educación mediocre para un país pobre, educación en función de las multinacionales extranjeras que en las locomotoras de Santos se llevan nuestro país parte por parte; hoy se abre la oportunidad histórica de pensar qué tipo de educación queremos, qué país queremos para nuestro futuro, y para el de los herederos de esta patria, porque es claro que la astucia demagógica de los gobiernos han hecho que la mayoría de la población se mantenga sumida en el conformismo del desempleo, la pobreza, la desigualdad y la educación mediocre de este país.
Tenemos hoy la oportunidad de pensar en un país diferente.
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